En junio del año pasado se publicaba una recopilación de normas jurídicas que estaban en diversos estadios de su tramitación y a las que el Ejecutivo pretendía poner el turbo. La fecha de esta recopilación no es baladí: en junio de 2015 ya se habían celebrado elecciones municipales y autonómicas y era notorio que en las generales el PP no iba a tener mayoría absoluta. Contado con todos estos cambios, ¿cómo se supone que un abogado, un juez o un funcionario (y no digamos un particular) puede enterarse de cuáles son sus derechos y obligaciones?
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