La dirección del partido niega haber incurrido en delito de financiación ilegal por controlar las subvenciones de los grupos municipales y autonómicos y destinar partidas a pagar créditos bancarios. La ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece que las ayudas económicas públicas que reciben los grupos parlamentarios deben emplearse únicamente para gastos de funcionamiento. Los de Rivera atribuye las denuncias surgidas estos días a "movimientos de fuera" o a expulsados del partido que quieren dañar sus expectativas electorales.
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