El Tribunal General de la Unión Europea dictaminó el jueves que el esquema fiscal para empresas españolas que invierten en empresas extranjeras era incompatible con el mercado interior y debería reembolsarse a las arcas públicas. El gobierno español introdujo una ley en 2001 que permitía a las empresas desgravar el fondo de comercio financiero de estas transacciones del Impuesto de Sociedades en España. La Comisión Europea dictaminó en 2009 y 2011 que estas bonificaciones equivalían a una ayuda estatal ilegal, una decisión que fue recurrida
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