Lo que pretende el PP es eliminar de golpe y plumazo todas las prohibiciones en el suelo rústico, y de paso despojar a las diputaciones provinciales y los consistorios municipales de herramientas para impedir el desarrollo de estas minas y canteras, priorizándolas sobre los propios planes locales de desarrollo y ordenación del territorio y usurpando las competencias de dichas administraciones. Donde hasta ahora el establecimiento de minas estaba completamente prohibido, bastará con con una autorizac ión excepcional (que concede la propia Junta).
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