Pese a la promesa de transparencia y mejora en el acceso, favorece a los grandes. La ley que regula los contratatos con la Administración llegó en marzo de 2018 con promesas de mayor transparencia, simplificación de los trámites y eliminación de las trabas burocráticas y administrativas. Sin embargo, un año y medio después de su entrada en vigor, la normativa, una complejísima trama de artículos, sigue sin convencer a los expertos y su objetivo estrella, fav orecer a los pequeños licitadores, está muy lejos de cumplirse.
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