Las declaraciones de tres exaltos cargos de Industria y cuatro abogados del Estado ante la fiscalía Anticorrupción revelan cómo se fraguó el nacimiento y la muerte -antes de ver la luz- de la orden con la que el primer Gobierno del PSOE pretendía cobrar lo que las eléctricas habían cobrado de más a los consumidores por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), cifrados en unos 3.000 millones
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