La mayor parte de las víctimas de trata identificadas como tales en España recibe permisos temporales de residencia y no asilo porque se produce un fallo en el sistema, que tiende a derivarlas al mecanismo de la Ley de Extranjería pensado para regularizar inmigrantes en lugar de atender los requisitos que reúnen y que pudieran hacerlas valedoras de un estatuto de refugiada, que ofrece más protección.
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