La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha sido la respuesta del gobierno para adaptar la normativa básica en materia de Administración local a las exigencias derivadas de la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos en España.
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