A partir del 1 de enero de 2016 gestionar y financiar desde el Ayuntamiento (desde cualquier ayuntamiento) la atención a las personas mayores, así como a aquellas en riesgo de exclusión social o en emergencia no será legal. La competencia pasa a la Comunidad de Madrid, que podrá delegar en el Ayuntamiento la prestación del servicio pero no su financiación.
etiquetas: manuela carmena, ahora madrid, madrid, artículo 135
noticia original (www.elespanol.com)
