La cifra que baraja el Gobierno para hacer público el censo de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia es una mínima parte del total de propiedades inscritos a su nombre con total opacidad y sin ningún tipo de control. Y es que el Ejecutivo está elaborando el listado con aquellos inmatriculados a partir de 1998, cuando una reforma impulsada por Aznar amplió este privilegio. Sin embargo, la Iglesia lleva utilizando este procedimiento desde 1946, cuando la dictadura franquista introduj o la posibilidad en la Ley Hipotecaria.
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