Fue hace seis años cuando las instituciones comenzaron a arrojar datos sobre una realidad que ya venían denunciando las organizaciones feministas y que reconoció la Ley de la Infancia en 2015, mediante una reforma considerada un punto de inflexión: los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia machista son víctimas directas de esa misma violencia. La ONU ya exigió hace años a España formación específica para los operadores jurídicos con el objetivo de tomar como premisa básica el interés superior del menor en sus decisiones.
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