CCOO indica que el Gobierno "está utilizando un artículo del Código Penal de la dictadura franquista para condenar a los trabajadores, una ley que se utilizó en su momento para suprimir las huelgas". Estas actuaciones judiciales afectan a 300 personas, para algunas de las cuales se piden hasta 8 años de prisión, como es el caso de los trabajadores de Airbus -cuyo juicio comienza el próximo mes de febrero-, si bien también hay procesos abiertos contra empleados de Navantia, Coca-Cola o Fiesta.
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