Conscientes de que los futuros especialistas estarán en contacto habitual con menores en la franja de edad que abarca desde los 0 a los 18 años, Sanidad busca una demostración que evidencie que los aspirantes no han sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual a los que se refiere la Ley de Protección Jurídica del Menor.
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